Caso Scala: Terrorismo de Estado y algo más

El libro que recomendamos esta semana y que está disponible en nuestra biblioteca,  se titula El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más, escrito por uno de los acusados y que pasó 8 años en prisión a pesar de la falta de pruebas, Xavier Cañadas Gascón. El libro, editado por Virus en su Colección Memoria, cobra máxima actualidad en estos días en que se conmemora el 35 aniversario de una de las mayores conspiraciones de los aparatos represivos y judiciales del Estado contra la CNT en democracia. Sería el primer caso de terrorismo de Estado tras la muerte de Franco, y el antecedente de otros casos posteriores, como el caso GAL, bajo el mandato de Felipe González. El libro se estructura en varias partes que nos van construyendo los hechos para demostrar al final que el caso Scala estuvo organizado desde el Ministerio del Interior con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del estado. Cañadas acusa al ministro de UCD del ramo, Martín Villa, exfalangista que había declarado públicamente esos días que lo que más le preocupaba era el crecimiento de la CNT en Cataluña tras la muerte del dictador. El papel del Joaquín Hernández, el grillo  un delincuente común infiltrado a cambio de dinero y reducción de pena en las filas anarcosindicalistas fue crucial para tratar de involucrar a la CNT en este atentado ocurrido el 15 de enero de 1978 en el que murieron cuatro trabajadores, tres de ellos afiliados a la CNT.

El domingo 15 de enero de 1978, hace ahora 35 años,  la CNT organizó una manifestación en Barcelona contra la firma de los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales. En la misma se juntaron cerca de 15.000 trabajadores que se oponían a ese pacto social.  Tras años de represión, la CNT mostraba nuevamente su vitalidad.A las 13:15 horas, terminada la manifestación, un grupo de personas ataca con cócteles Molotov la sala de fiestas más conocida y de más éxito de Barcelona en aquellos momentos, la sala “Scala”, situada en la esquina de la calle Consejo de Ciento y Paseo de San Juan. El resultado inmediato fue la muerte de cuatro trabajadores de la sala: Diego Montero, Bernabé Bravo, Ramón Egea y Juan Manuel López; tres de los cuales eran afiliados de la propia CNT. 

Este hecho, como se demostró posteriormente en las investigaciones, fue el primer caso de terrorismo de Estado dentro de la Democracia, siendo por entonces ministro de la Gobernación el ex-falangista, Rodolfo Martín Villa, conocido como “la porra de la transición” por la dureza de la represión que ordenaba contra las manifestaciones obreras y estudiantiles. Luego vendrían otros casos,  con la UCD, como el intento de asesinato del independentista canario Antonio Cubillo y posteriormente, con Felipe González, el caso GAL.

Pero en enero de 1978 a Martín Villa no le preocupaba tanto ETA (era un momento de un gran número de atentados terroristas) sino los anarquistas:  “No me preocupa ETA, quienes de verdad me preocupan son los anarquistas y el movimiento libertario”, declaró entones a la prensa.

Tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes 17 de enero un comunicado de la policía informó de la detención de todos los presuntos autores del atentado, a quienes inmediatamente se les relacionó con la CNT. Los habían identificado rápidamente entre 15.000 manifestantes. Todo un éxito policial… demasiado fácil. Así recogía la noticia la agencia Pyresa:

«Un comando de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), integrado por tres sujetos en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical CNT ha sido autor, según la Jefatura de Policia de Barcelona, del atentado contra el restaurante-espectáculo Scala.»

Así fue como el Estado relacionó a los detenidos con la CNT y el
atentado con la manifestación. Bajo la dirección del gobernador civil José María
Belloch y del comisario Francisco Álvarez, empezaron las detenciones en los
medios anarcosindicalistas y una campaña mediática contra la CNT.

La operación policial no acabó con estas detenciones. En los días posteriores fueron detenidas alrededor de 170 personas más mientras se lanzaba un gran despliegue deacreditando desde numerosas instancias al sindicato anarquista. El caso Scala marcó el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el
Movimiento Libertario y contra una CNT, de nuevo en auge  y que contaba con 100.000 afiliados solo en Cataluña.

La vista del caso tuvo lugar en diciembre de 1980. Los abogados defensores solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo Martín Villa, acudiese a declarar, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo Joaquín Gambín, confidente de la policía y responsable del incendio del Scala según la defensa. Gambín había logrado fugarse de la prisión de Elche en extrañas circunstancias y, a pesar de que tenía varias órdenes judiciales de busca y captura, la policía no pudo dar con su paradero.

La posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de  explosivos; Luis Muñoz fue condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a 5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores, por quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por la no comparecencia de Martín Villa en la vista, fue rechazado por el Supremo.

Con el tiempo se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que desempeñó Joaquín Gambín, el Grillo, o también conocido como el Rubio o el Legionario, en este asunto. Como se llegó a demostrar, este delincuente captado por los servicios de Gobernación, fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura. Finalmente, a finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse. Sin embargo, el objetivo promovido desde las altas esferas se había cumplido: el descrédito de la CNT. La antaño potente organización anarcosindicalista no volvería a levantar cabeza.

La segunda vista del Caso Scala Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un
acusado: Joaquín Gambín. La sentencia le condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos.

Xavier Cañadas Pérez, uno de los encausados y encarcelados durante ocho años por el Caso Scala, escribió un libro explicando el caso y dijo que “esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente estudiada en
los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la competencia
exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un solo
magistrado, de un solo Ministerio”.